Juan Carlos Villalonga1 y Gustavo Braier2
En estas últimas semanas ha vuelto a ser noticia el plan de expansión de la industria de la celulosa en Uruguay, que incluye el proyecto de ampliar la producción de la planta de UPM (ex Botnia) frente a las costas de Entre Ríos. Así, Argentina y Uruguay reflotaron viejas discusiones que, unos años atrás, generaron el mayor conflicto diplomático y social que ambos países vivieron en su historia reciente.
Como todos seguramente recuerdan, el conflicto bilateral se desarrolló entre los años 2002 y 2010 como consecuencia de la posible instalación de dos plantas de celulosa de papel en el territorio uruguayo en la zona de Fray Bentos, frente a las costas de la ciudad argentina de Gualeguaychú. La comunidad local entendió que esas instalaciones industriales afectarían su entorno y modo de vida y se inició así una lucha ciudadana con el objetivo de evitar la instalación de las plantas. Finalmente, una de las plantas no se instaló en el lugar y fue relocalizada; la otra, la de Botnia, comenzó a operar en 2007.
Quienes escribimos esta nota protagonizamos en aquellos años diversos foros y múltiples entrevistas donde confrontamos nuestras diferentes visiones sobre el conflicto. Aun así, coincidimos, entonces y ahora, en la necesidad de tener un diagnóstico claro en lo que respecta al interés de la industria de la celulosa en nuestra región, tanto por sus riesgos como por su potencial económico. Pero lo fundamental, que el conflicto emergente debía ser resuelto desde la esfera política.
Siempre sostuvimos que ni la pulseada mediática ni la pulseada en la justicia internacional resolverían el dilema del desarrollo de la actividad celulósica y la sostenibilidad, ya que es esencialmente político. Definir qué usos serán aceptables para nuestros ríos y suelos, y qué niveles de riesgo estamos dispuestos a tolerar ante una actividad económica, son asuntos que pertenecen a la esfera de la política. Cada sociedad resuelve esos conflictos en base a sus consensos en relación a la protección de la naturaleza y la propia evolución de su conocimiento.
La producción de papel es una actividad que debemos hacerla sostenible. Tanto a escala global como local. Nuestra región posee condiciones muy atractivas para la producción de pasta celulosa, pero tal situación no puede convertirse en motivo de destrucción del suelo y contaminación. Es desde la política donde debemos construir los consensos acerca de cómo consideramos que se debe responder al desafío de una oferta creciente de inversiones en plantaciones y fábricas de celulosa, donde debemos generar los marcos regulatorios que establezcan con qué tecnologías se podrá fabricar pulpa en la región, en qué sitios, con qué ordenamiento territorial y bajo qué controles.
Frente al desafío de la llegada de nuevas y crecientes inversiones en el área forestal y celulósica, pero fundamentalmente al calor del debate generado por la planta de Botnia, surgieron diversos proyectos legislativos procurando brindar una respuesta. Se generaron proyectos de ley a nivel nacional, y otros en legislaturas provinciales, con la idea de establecer un marco regulatorio y de ordenamiento para la actividad. Incluso se evaluó la posibilidad de un marco regional que dictara pautas comunes entre los países directamente involucrados en la actividad (Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay).
Pero más allá de la altísima verborragia, declaraciones y sobreactuaciones diversas, nada efectivamente avanzó o se generó. Sólo la Provincia de Entre Ríos aprobó una ley que prohíbe la instalación de plantas de celulosa contaminantes en su territorio. Lo cierto es que una vez encaminado el reclamo hacia Uruguay en la Corte Internacional de La Haya, la política se olvidó del tema. Sin embargo, las razones profundas por las que el conflicto apareció siguen vigentes más que nunca. Aunque ahora podemos sospechar que ya no habrá desprolijidades en las conversaciones en el marco de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay), pero eso no será suficiente.
El conflicto tuvo en su momento una escalada inédita y nunca logró encaminarse por la vía del diálogo. Ni el sector político, ni el industrial ni las organizaciones sociales lo pudieron lograr. Casi 10 años después, cada uno de los actores se encuentra prácticamente en el mismo lugar y sin haber generado instrumentos que permitan a la sociedad estar en mejores condiciones para evaluar una nueva iniciativa del sector papelero. Es así, que ante el anuncio de la empresa UPM de incrementar en un 20% su producción se comienza a transitar por el mismo camino de acusaciones y sospechas que al inicio del conflicto, allá por el 2002.
Es de suponer que dada la demanda existente y las condiciones naturales que nuestra región posee habrá nuevas inversiones vinculadas a la industria del papel que procurarán instalarse aquí en los años venideros. Más aún, si tenemos en cuenta que este año nuestro país gastará unos mil millones de dólares en cubrir nuestras propias necesidades de consumo de celulosa y papel, la expansión local del sector debe ser materia a analizar. Al mismo tiempo, el consumo de celulosa y papel en el mundo sigue creciendo, particularmente en los países en desarrollo. Así es que en estos meses Uruguay inaugurará una nueva planta de celulosa frente a las costas argentinas, en Punta Pereira, de 1,3 millones de toneladas anuales.
Debemos alcanzar un conjunto de criterios, normas y prácticas que esta actividad deberá cumplir y que representen aquello que la sociedad esté dispuesta a aprobar. Esto es necesario porque, además, nuestra actual industria de la celulosa arrastra aún pasivos y procesos que deben mejorarse y modernizarse. El conflicto por la papelera de Botnia puso de manifiesto la ausencia de tal acuerdo a nivel regional, y la tarea para alcanzar esos acuerdos sigue pendiente. Tal discusión abrirá interrogantes que van desde qué escala productiva alcanzar hasta qué clase de tecnologías utilizar.
Sin lugar a dudas la falta de institucionalidad y confianza hicieron que aquel conflicto se generase y permaneciera vigente hasta hoy. Debemos buscar caminos para restablecer el diálogo para poner en marcha los instrumentos necesarios para superar la situación presente y que nos prepare para el desafío que enfrentamos.
1 Presidente Junta Directiva Los Verdes
2 Presidente de la Fundación Ambiente y Desarrollo
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